¡La Comunidad de Madrid va a excluir de RMI a las familias sin medios para pagarse un techo!
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 6 de julio publicó orden del Consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, con el nuevo modelo de solicitud de Renta Mínima de Inserción, de obligado uso desde el 1 de septiembre.
En los “Datos relativos al alojamiento” desaparecen las opciones Ocupada y Otros hasta ahora presentes. Al rellenar la solicitud de RMI las familias que han recuperado (“ocupado”) provisionalmente pisos vacíos propiedad de bancos, Sareb, especuladores y otras entidades, se verían obligadas a “mentir” o a no dar respuesta, con alto riesgo de rechazo de la solicitud.
Esta decisión es ilegal y arbitraria: la Ley 15/2001 RMI establece criterios de residencia efectiva y continuada en Madrid, y el Reglamento que la desarrolla, en su artículo 11, considera como marco físico adecuado de domicilio de familias solicitantes de RMI, entre otros, a todo “conjunto de dependencias que, ocupando íntegramente un edificio o parte separada del mismo, están destinadas de forma permanente a fines residenciales”, sin que la ley ni el reglamento establezcan condicionantes relativos respecto a situación contractual.
Así, el gobierno de Cristina Cifuentes excluye indirectamente de la RMI, en pleno verano y por medio de una simple “orden”, a las familias en la peor de las situaciones, en un contexto de expansión y cronificación de la pobreza, ilustrado por fuentes “oficiales” como el informe del Banco de España, según el cual el patrimonio medio de la cuarta parte más pobre de los hogares pasó a hacerse negativo (más deudas que activos) tras caer un 110% entre 2011 y 2014, o los datos aportados por la la Fiscalía General del Estado, según los cuales las diligencias previas por usurpación de un bien inmueble se multiplicó por cuatro entre 2007 y 2014.
La carencia de ingresos básicos dificulta que muchas familias normalicen su situación habitacional y las condena a un bucle de ocupaciones, juicios, desalojos, ocupaciones, juicios, desalojos… ante el que las administraciones públicas incumplen su obligación de hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución, “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.
El paso irresponsable dado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia confirma la tendencia hacia un trato hostil a las familias a las que se considera “ocupantes”. Así, por ejemplo, en los últimos meses se les está requiriendo, pese a haber declarado su situación, que aporten certificados sobre la titularidad de la propiedad de la vivienda en que residen.
Más aún, la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid excluye del acceso a vivienda pública a todas las familias en ocupación, que, junto a las personas sin techo, son las que más la necesitan. Por su parte, la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) excluye a quienes estén ocupando viviendas propiedad de Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid o EMVS, con algunas excepciones. Estas actitudes son aún más hirientes cuando parte de las familias afectadas lo están a consecuencia de la venta-regalo masiva de vivienda pública a fondos buitre hecha por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid bajo los mandatos de Ignacio González y Ana Botella.
En consecuencia, expresando nuestra solidaridad con los colectivos que defienden el derecho a techo y dando apoyo a la iniciativa legislativa popular “Ley urgente del derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid”, en tanto que iniciativa RMI TU DERECHO reclamamos a la Comunidad de Madrid una rectificación inmediata y que reincorpore a la solicitud de RMI las opciones Ocupando y Otros en el apartado “Datos relativos al alojamiento”.
Igualmente pedimos a los cuatro grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid una intervención urgente sobre este asunto con el fin de alcanzar esa rectificación.
