La Renta Mínima es nuestro Derecho. Concentración

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Renta Mínima: derecho robado. Presidenta Cifuentes, ¿odia usted a los pobres?

La iniciativa RMI TU DERECHO denuncia el deterioro de la Renta Mínima de Inserción en Madrid desde febrero de 2017 y su aceleración en los primeros meses de 2018. Exige la dimisión de Cristina Cifuentes por el sufrimiento social causado y reclama un impulso a la RMI acorde con los objetivos marcados por la ley: ninguna familia sin acceso a los recursos básicos de la vida y apoyo efectivo para la inserción laboral y social. Propone movilización social para poner fin a una política de desprecio a la población empobrecida.

El número de prestaciones se ha reducido un 4% en abril y un 7% en el primer cuatrimestre de 2018. En abril se pagarán mil cien rentas mínimas menos que en marzo, unas dos mil menos que en diciembre 2017 y unas tres mil menos que en enero 2017. En los cuatro primeros meses de 2018 se están pagando 6400 prestaciones menos y se han destinado dos millones de euros menos que en el mismo periodo de 2017. Son las cifras del dolor social.

En diciembre ya denunciamos lo que ocurría y pedimos explicaciones por el gran aumento de las resoluciones de denegación o archivo de solicitudes y de las suspensiones cautelares (“preventivas”), así como del porcentaje de éstas que derivan en extinciones. No las dieron. No han rectificado. Han acelerado.

– En enero-abril de 2018 sólo una de cada cuatro resoluciones iniciales fue de concesión de la RMI, cuando en 2017 lo fue una de cada tres y en 2016 una de cada dos.

– El aumento de suspensiones en 2018, brutalmente en abril (casi 1700, para una media mensual en 2017 de 600), es un claro indicador de que las suspensiones cautelares siguen desbocadas.

Para leer el comunicado completo pincha en este enlaceComunicado_Campaña RMI_2018 abril

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Relatorio XI Foro de Debate

Ya puedes acceder al boletín con el relatorio del XI Foro de Debate que celebramos el pasado 20 de Febrero sobre Metodologías de intervención comunitaria en el marco de las Políticas Locales.

Esperamos que sea de tu interés

Saludos

Equipo OEISM

Boletin N 11_Metodologias de Intervencion Comunitaria Y Politicas Locales

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Semana de la Justicia Social

LA ALIANZA SOCIAL Y LA MAREA NARANJA INICIAN UNA CAMPAÑA PARA RECLAMAR EL COMPROMISO DE CIUDADANÍA, PARTIDOS POLITICOS Y ADMINISTRACIONES CON LOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS

En la semana de la Justicia Social, las entidades sociales, organizaciones, colegios profesionales y sindicatos, que forman la marea naranja y la alianza social presentan una propuesta de Pacto Social en defensa del sistema público de servicios sociales.

Ayer 20 de febrero fue el día señalado por la ONU como Día Mundial por la justicia social. Durante toda la semana se realizan actos que tratan de poner de relieve la justicia social como principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. Promoviendo la igualdad de género, los derechos sociales, eliminando las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad se crea justicia social eje central para una sociedad más justa, más igualitaria, cohesionada y democrática.

Los servicios sociales son la herramienta básica que tenemos para generar justicia social, frenar la pobreza, la exclusión, la desigualdad… En definitiva los servicios sociales son el cuarto pilar sobre el que se apoya el estado de bienestar pero lamentablemente se encuentran en una preocupante situación de abandono por parte de las administraciones dejando con sus políticas públicas a los servicios sociales denostados, recortados, mermados en recursos humanos y económicos. Fruto de esta situación fraguada en años de políticas de recortes, privatizaciones y modelo neoliberal se genera una fotografía social en la Comunidad de Madrid impactante. El 21,7% de la población madrileña en riesgo de pobreza y/o exclusión social, 87.000 familias sin ningún ingreso, una Renta mínima que solamente concede la mitad de las solicitudes y en una región en la que contar con un empleo ya no es garantía de suficiencia económica, el 14% de trabajadores y trabajadoras son pobres. Y por último la escasa aplicación de la ley de dependencia mantiene a nuestra comunidad en la cola con 32.433 personas que con derecho reconocido no reciben ningún tipo de ayuda.

La Marea Naranja y la Alianza Social llevan años alzando la voz sobre esta situación y las repercusiones directas de la misma sobre la ciudadanía y sus derechos sociales, y trabajan para lograr un reconocimiento inaplazable que sitúe el sistema de servicios sociales en el lugar que le corresponde, como instrumento esencial de cohesión, equidad y justicia social. Estas organizaciones insisten del riesgo cierto de que este escenario se convierta en estructural, generando una cada vez mayor fractura social.

Ante este contexto y en el proceso de lucha, la Alianza Social y la Marea Naranja han diseñado una propuesta de Pacto Social que consideran imprescindible para reorientar las políticas sociales y poner “dique de contención” al aumento de las desigualdades. La propuesta aglutina su contenido en tres ejes fundamentales; el primero relacionado con la necesidad de reforzar los derechos de ciudadanía siendo esencial su blindaje en el Estatuto de Autonomía, así como el inmediato desarrollo de la normativa autonómica en esta materia. El segundo exige la imprescindible adaptación de los Servicios Sociales a las necesidades reales de la ciudadanía, planificándolos de forma estratégica y dotándolos de una financiación estable y suficiente. Por último y como tercer eje, el Pacto Social se centra en la mejora de la calidad del empleo como elemento esencial para asegurar la calidad del servicio público y la continuidad de los procesos de intervención con las personas.

El Pacto Social inicia ahora un recorrido hacia la ciudadanía, partidos políticos y administraciones para buscar su adhesión y compromiso explicito con el Sistema Público de Servicios Sociales. La campaña que arranca hoy mismo y que tendrá componente social e institucional, se va a desarrollar bajo el lema #serviciossocialesXjusticiasocial y entre otras iniciativas, se ha convocado una concentración el próximo día 24 de febrero a las 12:30 en la Red de San Luis en la que en un ambiente lúdico pero fuertemente reivindicativo, se invitará a la ciudadanía y a los y las profesionales a confluir en la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales.

 

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PRÓXIMO FORO: METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS LOCALES

Con el objetivo de conocer y analizar las políticas municipales en torno a la intervención comunitaria y las principales experiencias que se están desarrollando actualmente en el Municipio y Comunidad de Madrid, os invitamos a este foro.

Nos ha parecido oportuno y necesario crear un espacio de debate, para contrastar y reflexionar sobre esos procesos de intervención en nuestros barrios, hablar de su impacto y de las transformaciones que están suponiendo en el territorio y en la comunidad.

Para inscribirse, pinchar en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoyXY92pRJIkgHMpIFKqFGwcHvVNczPMMLEZYID-BFyLtkAA/viewform?usp=sf_link

 

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Renta Mínima de Inserción 2017: La Comunidad de Madrid suspende, las familias sufren

La iniciativa ciudadana RMI TU DERECHO considera que la evolución de la gestión de la prestación en 2017 ha sido muy negativa y nos aleja más de los objetivos marcados por la Ley de RMI, tras la insuficiente mejora de 2016.
Los datos de que disponemos sobre la gestión de la RMI en 2017 aumentan las preocupaciones que ya hicimos llegar a la Dirección General y a la Consejería competentes en la materia, así como a la propia presidenta de la región, doña Cristina Cifuentes.
– Desde febrero 2017 hubo clara tendencia a la disminución del número de familias perceptoras de RMI: en diciembre 2017 fueron 729 menos que en diciembre 2016 y 1048 menos que en enero 2017.
– Se ha hecho uso abusivo y arbitrario de las suspensiones cautelares del cobro de la prestación, dañando a las familias afectadas: han sido 3525, un 47% más que en 2016, esto es, 1119 suspensiones “preventivas” más.
– Se ha restringido la concesión de RMI: en 2017 se han tomado más resoluciones iniciales que en 2016, pero las resoluciones de concesión han sido 2270 menos. En 2016 éstas fueron el 50% de las resoluciones iniciales, en 2017 un 34%, en su 2º semestre un 28% y en su 4º trimestre un 26%.

RMI TU DERECHO pide a la Consejería de Políticas Sociales y Familia una explicación. ¿Por qué este cambio de rumbo respecto a 2016 si no ha habido cambios normativos? Esperamos que nadie caiga en la tentación de presentar la disminución de las familias perceptoras de RMI como “feliz” consecuencia de una disminución de las necesidades sociales, cuando en la región hay muchas más personas en pobreza severa que beneficiarias de la RMI.

En 2017 se han utilizado prácticas y criterios de gestión más restrictivos y a veces arbitrarios o irregulares, con el implícito objetivo político de limitar el número de prestaciones y el presupuesto ejecutado. Éste aumentó un 32% en 2016 y sólo un 5% en 2017, pero además la nómina de diciembre 2017 ya fue casi 200.000 euros menor a la de un año antes, mientras que la de enero de 2017 había sido casi tres millones de euros superior a la de enero 2016.

Atribuyen a las familias ingresos no computables según el reglamento vigente, como las ayudas de emergencia de familiares y amistades; hacen suspensiones cautelares por “posesión” de propiedades… vendidas hace muchos años, o por tener un ingreso en cuenta… que era la propia RMI del mes; han pedido certificaciones del SEPE a niños de 13 años y han denegado la prestación por abandono de empleo a mujeres que se tuvieron que con sus hijos en un centro de la propia Comunidad de Madrid. Y hay muchos más disparates.

Este delirio restrictivo sería ridículo si tal imprudencia no causase tanto y tanto dolor. Especialmente dañinas están siendo las suspensiones cautelares, que implican quedarse de repente sin unos ingresos de supervivencia y sin que en la notificación, si se recibe, haya información adecuada sobre las causas, por lo que en muchos casos es imposible saber por qué te han quitado salvo que en el Centro de Servicios Sociales puedan aclarártelo. Además, mientras dure la suspensión cautelar también se pierden derechos adicionales, como la financiación pública plena de los medicamentos.

Tanto en éstas como en otras situaciones, denunciamos las dificultades de las familias para obtener información y asesoría para responder adecuadamente y a tiempo a los requerimientos de la Comunidad de Madrid, que descarga esa tarea sobre los Centros de Servicios Sociales municipales (CSS), desbordados porque el Gobierno de España no permite a los ayuntamientos contratar trabajadoras y trabajadores sociales (TTSS). Los servicios gestores de la RMI en la Comunidad de Madrid ignoran con frecuencia las consultas y los informes sociales procedentes de los CSS.
¿A quién preguntas si recibes una carta de la Comunidad de Madrid dando 10 días de plazo para algo que no entiendes y en el CSS sólo te dan cita para dentro de dos meses? Entre las familias afectadas crece la sensación de indefensión y de estar ante una maquinaria administrativa que no protege sus derechos sino que los tritura. Todas las entidades y colectivos de intervención social saben perfectamente que esa es la situación.

En consecuencia, exigimos a la Comunidad de Madrid el fin de estas arbitrariedades, que proteja el derecho a la RMI, que difunda la existencia de ese derecho y ponga servicios de apoyo a las personas solicitantes, que facilite la labor de los Centros de Servicios Sociales en vez de ahogarles, que mejore la normativa atendiendo a las propuestas razonables que se la han hecho desde la sociedad. Exigimimos al Gobierno de España que cancele toda limitación a la contratación de trabajadoras y trabajadores sociales, servicio esencial en una sociedad tan desigual como la actual. Y pedimos a las y los aldaldes(as) de los municipios de la región que tomen cartas en el asunto, que no se resignen al derrumbe de los servicios sociales, que protejan y escuchen a sus vecinas y vecinos y que no permitan que desde la Comunidad de Madrid se desprecie e ignore a las trabajadoras sociales. Si callan, otorgan.

RMI TU DERECHO
rmituderecho@gmail.com

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Madrid, segunda comunidad que más empeora en Servicios Sociales en los dos últimos años

El Informe DEC 2017, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sitúa a la región en el puesto 14 de 17 en el índice DEC, que mide el gasto en servicios sociales y la atención a los diferentes colectivos.

Las personas atendidas por servicios sociales en la región de Madrid viven con una “cobertura de riesgo” por el “desequilibrio entre la cobertura de servicios y prestaciones, la falta de fundamento jurídico y la carencia de planificación pública”. Lo dice el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que lleva años midiendo a través de un índice (DEC) el nivel de desarrollo de estos servicios en todas las comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid solo suma 3,5 puntos de 10 en la escala del índice, una cifra que ha caído tres décimas respecto a 2015. Es la región que más desciende, solo por detrás de Cantabria, que baja cinco puntos pero sobre un índice más elevado (de 5,15 a 4,6). Y se encuentra muy por debajo de la media nacional, situada en los 5,08 puntos.
La región en su conjunto, teniendo en cuenta los servicios prestados por el gobierno de Cristina Cifuentes y por todos los ayuntamientos, gasta 309 euros en servicios sociales por habitante y año frente a los 339 de media en el conjunto de las comunidades. Lo que representa este gasto sobre el PIB regional es tres veces inferior en Madrid (0,94%) que en Extremadura, por ejemplo.

Pincha para leer noticia completa

Informe completo Indice DEC 2017

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Mesa Redonda de Derechos emergentes (Derecho a la Renta Básica, a la Paz, al Agua o al saneamiento)

Por decimoquinto año, la Facultad de Ciencias de la Documentación acogió el pasado lunes 11 de Diciembre, una mesa redonda con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año la Mesa se ha dedicado a los derechos emergentes, en concreto cuatro de ellos: el derecho a la renta básica, al agua, al saneamiento y a la paz. Explicó el organizador de la mesa redonda, el profesor Pedro López López, que en 2007 hubo una declaración de derechos humanos emergentes en Monterrey, que aunque no fue una iniciativa directa de la ONU, sí que contó con el respaldo de más de setenta países y de la UNESCO. En esa declaración hay un buen número de derechos, entre ellos los tratados en la mesa y también otros como el de “resistencia a la opresión de orden militar, política, cultural…”.

Paloma Bru, miembro del Observatorio Renta Básica de Ciudadanía de ATTAC Madrid y del Observatorio de Exclusión y los procesos de inclusión en la Comunidad de Madrid, explicó que la renta básica hoy en día puede parecer una utopía, aunque ya fue formulada en su día por personalidades como Thomas Moro o Gandhi, y en realidad se calcula que costaría “mucho menos del porcentaje del PIB que se dedicó a rescatar a la banca en nuestro país”.

De acuerdo con Bru, la renta básica se englobaría en una cuarta generación de derechos humanos, denominados también derechos complejos, entre los que estarían además el derecho a la ciudad, a la formación continua durante toda la vida, la democracia participativa y a un buen morir.

La renta básica tendría que ser un ingreso pagado por el Estado a todos los ciudadanos residentes en ese Estado, y sería compatible con el ingreso obtenido por el trabajo e independiente de la situación de cada individuo. Hay muchas fórmula posibles de aplicación de este derecho, peor en todas ellas se contempla que es “universal, incondicional, suficiente (por encima del umbral de la pobreza), y que garantice la protección, la dignidad, la seguridad y la libertad”.

Ha habido algunos ensayos piloto en países como Namibia e India, y ahora hay otros en Alaska, donde todo los ciudadanos obtienen su parte del beneficio de la explotación del petróleo, Holanda y Finlandia. Lo fundamental para poder aplicarlo, de acuerdo con Bru, sería mejorar “la justicia social, la lucha contra la evasion fiscal, la presión popular y la voluntad política”.

En cuanto al derecho al agua, Celia Fernández Aller, de la ONG ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano, recordó que hoy en día todavía hay 4.000 niños que mueren al día por enfermedades relacionadas con la falta de agua y saneamiento. Considera Fernández Aller que este es un derecho muy relacionado con la dignidad y que implica “la disponiblidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad del agua”.

De acuerdo con ella, el derecho del saneamiento se entiende como un derecho independiente”porque tiene especificidades distintas, y además porque cuando se entiende como el mismo derecho el del saneamiento siempre se deja de lado”. Lo que implica un grave problema, porque hay “2.400 millones de personas sin un saneamiento adecuado, y eso provoca enfermedades que en determinados lugares pueden ser mortales, como la diarrea”.

Jorge Rodríguez, profesor de la UCM y miembro de AEDIDH (Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos), fue el encargado de hablar del derecho a la paz, que según él, “está ya incluido en el preámbulo de la carta de Naciones Unidas de 1945, como uno de los objetivos principales”.

Para el profesor existe una jerarquía de derechos, en la que el principal derecho sería el de la vida, “el requisito fundamental para poder ejercer todos los demás”. Por debajo de ese “derecho supremo” estarían los necesarios para hacerlo efectivo: “alimentación, agua, libertad ambulatoria y el derecho a la paz, que es un derecho que se viola día a día”.

Esa violación se lleva a cabo, incluso aunque “en derecho internacional ya existe el principio a la obligación de arreglo pacífico de las controversias, y en contraposición la prohibición del uso de la fuerza”. Recordó el miembro de AEDIDH que “vivir no es lo mismo que sobrevivir y que la paz no es sólo la ausencia de guerra”, e informó que hay un lobby en la ONU trabajando para que se haga una declaración universal sobre el derecho humano a la paz.

 

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El gasto social en España, por debajo de la media europea

El gasto en protección social en los países de la Unión Europea ha crecido muy levemente desde 2010. Ha pasado de representar el 28,6% del PIB hace siete años al 29% en 2015, según los datos difundidos este viernes por Eurostat. La oficina estadística europea explica que la mayor parte de los ingresos para financiar las prestaciones sociales procedían de las cotizaciones sociales, el 54%, y el resto de la recaudación de los impuestos de cada país.
La estadística muestra grandes desigualdades entre países. Mientras Francia destina el 34% de su PIB a pensiones, desempleo, prestaciones familiares y para la infancia, exclusión social y dependencia, Rumania o Lituania apenas destinan el 15% del PIB.
España, por su parte, gasta el 24,7%, casi cinco puntos menos que la media europea. Todos los países de nuestro entorno invierten más en protección social. Hasta Portugal y Grecia, que han atravesado profundas crisis, destinan una mayor proporción de su PIB a estos gastos sociales. Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Austria, Italia y Alemania gastan cerca de un tercio de su PIB.

La situación de España no mejora ni al comparar el gasto en protección social per cápita (medido en paridad de poder de compra, que elimina la diferencia de los precios entre países). Según este indicador, España gasta unos 6.300 euros en paridad de poder de compra frente a los 10.800 euros que invierte Francia o los 8.200 de Italia.
Según este criterio, Luxemburgo fue el que más gastó en protección social (15.000 euros), seguido de Noruega y Dinamarca, que gastan casi 12.000 euros.

“Estas disparidades reflejan diferencias en los niveles de vida, pero también muestran la diversidad de sistemas de protección y de estructuras demográficas, económicas, sociales e institucionales de cada Estado”, dice Eurostat.

El estudio también muestra cuáles son las partidas sociales a las que prestan más atención los países. Las pensiones se llevan casi la mitad del gasto social, el 45,2%, según la media de la UE. Le sigue la dependencia, con el 37,3% del gasto. La inversión en infancia asciende al 8,6% del total; el desempleo, el 4,8% y a vivienda y exclusión social los países europeos destinan el 4,1%.
España también prioriza el gasto social para la tercera edad, el 49,8%, por delante de sanidad, cuidados médicos y discapacidad, el 34,5% del total; desempleo (9%); familia e infancia (5,3%) y vivienda y exclusión social (1,4%).

Fuente: El País, Madrid, 8/12/2017

 

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LA INCLUSIÓN COMIENZA EN TU MIRADA

Cartel SC OEISM 2017

Este año traemos una novedad a la Semana de la Ciencia.

Acercamos a la Facultad de Trabajo Social, la exposición creada por la Asociación de Acción Social Libélula, con la participación de las personas del Centro Al Abrigo. Y como lo venimos haciendo desde hace varios años, organizamos una jornada-encuentro entre estudiantes y personas vinculadas a las entidades que forman parte del Observatorio.

Tanto la exposición como la jornada, abordan la temática de los derechos y el trabajo con personas vulnerables y en situación de exclusión social.

La jornada es abierta.

Se puede visitar libremente la exposición.

Invitación expo Mirada A4

 

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