La iniciativa ciudadana RMI TU DERECHO considera que la evolución de la gestión de la prestación en 2017 ha sido muy negativa y nos aleja más de los objetivos marcados por la Ley de RMI, tras la insuficiente mejora de 2016.
Los datos de que disponemos sobre la gestión de la RMI en 2017 aumentan las preocupaciones que ya hicimos llegar a la Dirección General y a la Consejería competentes en la materia, así como a la propia presidenta de la región, doña Cristina Cifuentes.
– Desde febrero 2017 hubo clara tendencia a la disminución del número de familias perceptoras de RMI: en diciembre 2017 fueron 729 menos que en diciembre 2016 y 1048 menos que en enero 2017.
– Se ha hecho uso abusivo y arbitrario de las suspensiones cautelares del cobro de la prestación, dañando a las familias afectadas: han sido 3525, un 47% más que en 2016, esto es, 1119 suspensiones “preventivas” más.
– Se ha restringido la concesión de RMI: en 2017 se han tomado más resoluciones iniciales que en 2016, pero las resoluciones de concesión han sido 2270 menos. En 2016 éstas fueron el 50% de las resoluciones iniciales, en 2017 un 34%, en su 2º semestre un 28% y en su 4º trimestre un 26%.
RMI TU DERECHO pide a la Consejería de Políticas Sociales y Familia una explicación. ¿Por qué este cambio de rumbo respecto a 2016 si no ha habido cambios normativos? Esperamos que nadie caiga en la tentación de presentar la disminución de las familias perceptoras de RMI como “feliz” consecuencia de una disminución de las necesidades sociales, cuando en la región hay muchas más personas en pobreza severa que beneficiarias de la RMI.
En 2017 se han utilizado prácticas y criterios de gestión más restrictivos y a veces arbitrarios o irregulares, con el implícito objetivo político de limitar el número de prestaciones y el presupuesto ejecutado. Éste aumentó un 32% en 2016 y sólo un 5% en 2017, pero además la nómina de diciembre 2017 ya fue casi 200.000 euros menor a la de un año antes, mientras que la de enero de 2017 había sido casi tres millones de euros superior a la de enero 2016.
Atribuyen a las familias ingresos no computables según el reglamento vigente, como las ayudas de emergencia de familiares y amistades; hacen suspensiones cautelares por “posesión” de propiedades… vendidas hace muchos años, o por tener un ingreso en cuenta… que era la propia RMI del mes; han pedido certificaciones del SEPE a niños de 13 años y han denegado la prestación por abandono de empleo a mujeres que se tuvieron que con sus hijos en un centro de la propia Comunidad de Madrid. Y hay muchos más disparates.
Este delirio restrictivo sería ridículo si tal imprudencia no causase tanto y tanto dolor. Especialmente dañinas están siendo las suspensiones cautelares, que implican quedarse de repente sin unos ingresos de supervivencia y sin que en la notificación, si se recibe, haya información adecuada sobre las causas, por lo que en muchos casos es imposible saber por qué te han quitado salvo que en el Centro de Servicios Sociales puedan aclarártelo. Además, mientras dure la suspensión cautelar también se pierden derechos adicionales, como la financiación pública plena de los medicamentos.
Tanto en éstas como en otras situaciones, denunciamos las dificultades de las familias para obtener información y asesoría para responder adecuadamente y a tiempo a los requerimientos de la Comunidad de Madrid, que descarga esa tarea sobre los Centros de Servicios Sociales municipales (CSS), desbordados porque el Gobierno de España no permite a los ayuntamientos contratar trabajadoras y trabajadores sociales (TTSS). Los servicios gestores de la RMI en la Comunidad de Madrid ignoran con frecuencia las consultas y los informes sociales procedentes de los CSS.
¿A quién preguntas si recibes una carta de la Comunidad de Madrid dando 10 días de plazo para algo que no entiendes y en el CSS sólo te dan cita para dentro de dos meses? Entre las familias afectadas crece la sensación de indefensión y de estar ante una maquinaria administrativa que no protege sus derechos sino que los tritura. Todas las entidades y colectivos de intervención social saben perfectamente que esa es la situación.
En consecuencia, exigimos a la Comunidad de Madrid el fin de estas arbitrariedades, que proteja el derecho a la RMI, que difunda la existencia de ese derecho y ponga servicios de apoyo a las personas solicitantes, que facilite la labor de los Centros de Servicios Sociales en vez de ahogarles, que mejore la normativa atendiendo a las propuestas razonables que se la han hecho desde la sociedad. Exigimimos al Gobierno de España que cancele toda limitación a la contratación de trabajadoras y trabajadores sociales, servicio esencial en una sociedad tan desigual como la actual. Y pedimos a las y los aldaldes(as) de los municipios de la región que tomen cartas en el asunto, que no se resignen al derrumbe de los servicios sociales, que protejan y escuchen a sus vecinas y vecinos y que no permitan que desde la Comunidad de Madrid se desprecie e ignore a las trabajadoras sociales. Si callan, otorgan.
RMI TU DERECHO
rmituderecho@gmail.com
La Comunidad es una de las regiones más boyantes de Europa, pero está rota por la desigualdad. El 46% de los hogares madrileños tiene dificultades para llegar a fin de mes. El 34% de las familias no puede afrontar gastos imprevistos. El 17% dela población está en riesgo de pobreza.
