Los olvidados de Madrid

La Comunidad es una de las regiones más boyantes de Europa, pero está rota por la desigualdad. El 46% de los hogares madrileños tiene dificultades para llegar a fin de mes. El 34% de las familias no puede afrontar gastos imprevistos. El 17% dela población está en riesgo de pobreza.

 

Leer artículo completo:

https://elpais.com/ccaa/2018/10/12/madrid/1539364066_110855.html?id_externo_rsoc

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17 DE OCTUBRE. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para leer el manifiesto pincha en el siguiente enlace:

http://alianzacontralapobreza.org/manifiesto-2/

¡Te esperamos!

¡Contra la riqueza que empobrece!!!!!

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Nuevo Informe Foessa: “Exclusión estructural e integración social”.

Ya esta disponible el informe “Análisis y Perspectivas 2018” publicado por FOESSA bajo el título “Exclusión estructural e Integración Social”. En el se vierten algunas conclusiones sobre la situación actual que a continuación sintetizamos:

– 10 años después del comienzo de la crisis económica, y 4 años después de su punto de inflexión, hemos recuperado los niveles previos a la crisis en el caso de la integración plena, pero no en los de la exclusión.

– En 2018 los niveles de integración social han alcanzado una clara mejoría, alcanzando cifras superiores al 48% e igualando la situación en 2007.

– En el otro extremo, 8,6 millones de personas se encuentran en el espacio de la exclusión social, 1.2 millones más que en 2007. Se registra un incremento de la exclusión global de un 12% respecto al inicio del ciclo y de un 40% en la exclusión social severa, en la que se encuentran 4.1 millones de personas que viven en 1.5 millones de hogares. Esta es la factura en términos de exclusión social que nuestra sociedad ha pagado tras una crisis de 6 años y otros 4 de recuperación.

– La mitad de la población disfruta de integración plena y no se encuentra afectada por ningún rasgo de vulnerabilidad. La integración plena ha aumentado del 34% al 48%, lo que significa una mejora del 42%.

– La exclusión social, se ha reducido en los últimos 5 años, del 25% al 18% de la población, lo que supone un descenso y mejora de los niveles de exclusión social del 27%. Sin embargo, en el tramo de la exclusión severa dicha mejora se queda en un 19% y pasa del 11% en 2013 al 9% en 2018.

– Podría hablarse de una recuperación a dos velocidades, que provoca un mayor distanciamiento entre los que viven una participación social integrada y quienes transitan por los espacios más alejados de la exclusión.

– Se detecta una tendencia a que las personas en situación de integración precaria tienden a concentrarse en la frontera con la exclusión moderada. El 13% de la población (6 millones de personas) que se encuentra dentro del tramo de integración social se encontraría, sin embargo, en una posición de gran debilidad, viviendo tan al día que un ligero empeoramiento de la situación socioeconómica haría que sus posibilidades de transitar hacia situaciones de exclusión sean muy elevadas.

– El balance general de esta década es que nuestra sociedad muestra un espacio de integración con bases más débiles y con una exclusión severa que se enquista en la estructura social.

Para más información puedes descargar el informe aquí:

Análisis-y-perspectiva-2018-Foessa

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Uno de cada cinco españoles vive en riesgo de pobreza

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), una de cada cinco personas, el 21,6% de la población, se encuentra en situación de pobreza y vive con menos de 8.522 euros al año, frente a los 11.074 que perciben de media el resto de habitantes.
Los ingresos medios anuales de un hogar español son de 27.558 euros, con datos de 2017, tras experimentar un aumento del 3,1% respecto al año anterior, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja una leve mejoría en casi todos los indicadores de pobreza.

A pesar de ello, el 37,3% de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos, el 34,4 % no puede ir de vacaciones ni una semana al año, el 9,3% llega a fin de mes con “mucha dificultad” y el 7,4% no puede pagar a tiempo la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad o la comunidad, porcentajes que se han reducido entre uno y cinco puntos.
Aunque el porcentaje de personas que vive en situación de riesgo de pobreza sigue siendo muy elevado, éste ha descendido en siete décimas en un año en el que los ingresos medios por persona subieron un 3,4%.

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La Renta Mínima es nuestro Derecho. Concentración

Documentos:

campañaRMIcontrargumentos

campañahoja12junio

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Renta Mínima: derecho robado. Presidenta Cifuentes, ¿odia usted a los pobres?

La iniciativa RMI TU DERECHO denuncia el deterioro de la Renta Mínima de Inserción en Madrid desde febrero de 2017 y su aceleración en los primeros meses de 2018. Exige la dimisión de Cristina Cifuentes por el sufrimiento social causado y reclama un impulso a la RMI acorde con los objetivos marcados por la ley: ninguna familia sin acceso a los recursos básicos de la vida y apoyo efectivo para la inserción laboral y social. Propone movilización social para poner fin a una política de desprecio a la población empobrecida.

El número de prestaciones se ha reducido un 4% en abril y un 7% en el primer cuatrimestre de 2018. En abril se pagarán mil cien rentas mínimas menos que en marzo, unas dos mil menos que en diciembre 2017 y unas tres mil menos que en enero 2017. En los cuatro primeros meses de 2018 se están pagando 6400 prestaciones menos y se han destinado dos millones de euros menos que en el mismo periodo de 2017. Son las cifras del dolor social.

En diciembre ya denunciamos lo que ocurría y pedimos explicaciones por el gran aumento de las resoluciones de denegación o archivo de solicitudes y de las suspensiones cautelares (“preventivas”), así como del porcentaje de éstas que derivan en extinciones. No las dieron. No han rectificado. Han acelerado.

– En enero-abril de 2018 sólo una de cada cuatro resoluciones iniciales fue de concesión de la RMI, cuando en 2017 lo fue una de cada tres y en 2016 una de cada dos.

– El aumento de suspensiones en 2018, brutalmente en abril (casi 1700, para una media mensual en 2017 de 600), es un claro indicador de que las suspensiones cautelares siguen desbocadas.

Para leer el comunicado completo pincha en este enlaceComunicado_Campaña RMI_2018 abril

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Relatorio XI Foro de Debate

Ya puedes acceder al boletín con el relatorio del XI Foro de Debate que celebramos el pasado 20 de Febrero sobre Metodologías de intervención comunitaria en el marco de las Políticas Locales.

Esperamos que sea de tu interés

Saludos

Equipo OEISM

Boletin N 11_Metodologias de Intervencion Comunitaria Y Politicas Locales

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Semana de la Justicia Social

LA ALIANZA SOCIAL Y LA MAREA NARANJA INICIAN UNA CAMPAÑA PARA RECLAMAR EL COMPROMISO DE CIUDADANÍA, PARTIDOS POLITICOS Y ADMINISTRACIONES CON LOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS

En la semana de la Justicia Social, las entidades sociales, organizaciones, colegios profesionales y sindicatos, que forman la marea naranja y la alianza social presentan una propuesta de Pacto Social en defensa del sistema público de servicios sociales.

Ayer 20 de febrero fue el día señalado por la ONU como Día Mundial por la justicia social. Durante toda la semana se realizan actos que tratan de poner de relieve la justicia social como principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. Promoviendo la igualdad de género, los derechos sociales, eliminando las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad se crea justicia social eje central para una sociedad más justa, más igualitaria, cohesionada y democrática.

Los servicios sociales son la herramienta básica que tenemos para generar justicia social, frenar la pobreza, la exclusión, la desigualdad… En definitiva los servicios sociales son el cuarto pilar sobre el que se apoya el estado de bienestar pero lamentablemente se encuentran en una preocupante situación de abandono por parte de las administraciones dejando con sus políticas públicas a los servicios sociales denostados, recortados, mermados en recursos humanos y económicos. Fruto de esta situación fraguada en años de políticas de recortes, privatizaciones y modelo neoliberal se genera una fotografía social en la Comunidad de Madrid impactante. El 21,7% de la población madrileña en riesgo de pobreza y/o exclusión social, 87.000 familias sin ningún ingreso, una Renta mínima que solamente concede la mitad de las solicitudes y en una región en la que contar con un empleo ya no es garantía de suficiencia económica, el 14% de trabajadores y trabajadoras son pobres. Y por último la escasa aplicación de la ley de dependencia mantiene a nuestra comunidad en la cola con 32.433 personas que con derecho reconocido no reciben ningún tipo de ayuda.

La Marea Naranja y la Alianza Social llevan años alzando la voz sobre esta situación y las repercusiones directas de la misma sobre la ciudadanía y sus derechos sociales, y trabajan para lograr un reconocimiento inaplazable que sitúe el sistema de servicios sociales en el lugar que le corresponde, como instrumento esencial de cohesión, equidad y justicia social. Estas organizaciones insisten del riesgo cierto de que este escenario se convierta en estructural, generando una cada vez mayor fractura social.

Ante este contexto y en el proceso de lucha, la Alianza Social y la Marea Naranja han diseñado una propuesta de Pacto Social que consideran imprescindible para reorientar las políticas sociales y poner “dique de contención” al aumento de las desigualdades. La propuesta aglutina su contenido en tres ejes fundamentales; el primero relacionado con la necesidad de reforzar los derechos de ciudadanía siendo esencial su blindaje en el Estatuto de Autonomía, así como el inmediato desarrollo de la normativa autonómica en esta materia. El segundo exige la imprescindible adaptación de los Servicios Sociales a las necesidades reales de la ciudadanía, planificándolos de forma estratégica y dotándolos de una financiación estable y suficiente. Por último y como tercer eje, el Pacto Social se centra en la mejora de la calidad del empleo como elemento esencial para asegurar la calidad del servicio público y la continuidad de los procesos de intervención con las personas.

El Pacto Social inicia ahora un recorrido hacia la ciudadanía, partidos políticos y administraciones para buscar su adhesión y compromiso explicito con el Sistema Público de Servicios Sociales. La campaña que arranca hoy mismo y que tendrá componente social e institucional, se va a desarrollar bajo el lema #serviciossocialesXjusticiasocial y entre otras iniciativas, se ha convocado una concentración el próximo día 24 de febrero a las 12:30 en la Red de San Luis en la que en un ambiente lúdico pero fuertemente reivindicativo, se invitará a la ciudadanía y a los y las profesionales a confluir en la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales.

 

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PRÓXIMO FORO: METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS LOCALES

Con el objetivo de conocer y analizar las políticas municipales en torno a la intervención comunitaria y las principales experiencias que se están desarrollando actualmente en el Municipio y Comunidad de Madrid, os invitamos a este foro.

Nos ha parecido oportuno y necesario crear un espacio de debate, para contrastar y reflexionar sobre esos procesos de intervención en nuestros barrios, hablar de su impacto y de las transformaciones que están suponiendo en el territorio y en la comunidad.

Para inscribirse, pinchar en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoyXY92pRJIkgHMpIFKqFGwcHvVNczPMMLEZYID-BFyLtkAA/viewform?usp=sf_link

 

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Renta Mínima de Inserción 2017: La Comunidad de Madrid suspende, las familias sufren

La iniciativa ciudadana RMI TU DERECHO considera que la evolución de la gestión de la prestación en 2017 ha sido muy negativa y nos aleja más de los objetivos marcados por la Ley de RMI, tras la insuficiente mejora de 2016.
Los datos de que disponemos sobre la gestión de la RMI en 2017 aumentan las preocupaciones que ya hicimos llegar a la Dirección General y a la Consejería competentes en la materia, así como a la propia presidenta de la región, doña Cristina Cifuentes.
– Desde febrero 2017 hubo clara tendencia a la disminución del número de familias perceptoras de RMI: en diciembre 2017 fueron 729 menos que en diciembre 2016 y 1048 menos que en enero 2017.
– Se ha hecho uso abusivo y arbitrario de las suspensiones cautelares del cobro de la prestación, dañando a las familias afectadas: han sido 3525, un 47% más que en 2016, esto es, 1119 suspensiones “preventivas” más.
– Se ha restringido la concesión de RMI: en 2017 se han tomado más resoluciones iniciales que en 2016, pero las resoluciones de concesión han sido 2270 menos. En 2016 éstas fueron el 50% de las resoluciones iniciales, en 2017 un 34%, en su 2º semestre un 28% y en su 4º trimestre un 26%.

RMI TU DERECHO pide a la Consejería de Políticas Sociales y Familia una explicación. ¿Por qué este cambio de rumbo respecto a 2016 si no ha habido cambios normativos? Esperamos que nadie caiga en la tentación de presentar la disminución de las familias perceptoras de RMI como “feliz” consecuencia de una disminución de las necesidades sociales, cuando en la región hay muchas más personas en pobreza severa que beneficiarias de la RMI.

En 2017 se han utilizado prácticas y criterios de gestión más restrictivos y a veces arbitrarios o irregulares, con el implícito objetivo político de limitar el número de prestaciones y el presupuesto ejecutado. Éste aumentó un 32% en 2016 y sólo un 5% en 2017, pero además la nómina de diciembre 2017 ya fue casi 200.000 euros menor a la de un año antes, mientras que la de enero de 2017 había sido casi tres millones de euros superior a la de enero 2016.

Atribuyen a las familias ingresos no computables según el reglamento vigente, como las ayudas de emergencia de familiares y amistades; hacen suspensiones cautelares por “posesión” de propiedades… vendidas hace muchos años, o por tener un ingreso en cuenta… que era la propia RMI del mes; han pedido certificaciones del SEPE a niños de 13 años y han denegado la prestación por abandono de empleo a mujeres que se tuvieron que con sus hijos en un centro de la propia Comunidad de Madrid. Y hay muchos más disparates.

Este delirio restrictivo sería ridículo si tal imprudencia no causase tanto y tanto dolor. Especialmente dañinas están siendo las suspensiones cautelares, que implican quedarse de repente sin unos ingresos de supervivencia y sin que en la notificación, si se recibe, haya información adecuada sobre las causas, por lo que en muchos casos es imposible saber por qué te han quitado salvo que en el Centro de Servicios Sociales puedan aclarártelo. Además, mientras dure la suspensión cautelar también se pierden derechos adicionales, como la financiación pública plena de los medicamentos.

Tanto en éstas como en otras situaciones, denunciamos las dificultades de las familias para obtener información y asesoría para responder adecuadamente y a tiempo a los requerimientos de la Comunidad de Madrid, que descarga esa tarea sobre los Centros de Servicios Sociales municipales (CSS), desbordados porque el Gobierno de España no permite a los ayuntamientos contratar trabajadoras y trabajadores sociales (TTSS). Los servicios gestores de la RMI en la Comunidad de Madrid ignoran con frecuencia las consultas y los informes sociales procedentes de los CSS.
¿A quién preguntas si recibes una carta de la Comunidad de Madrid dando 10 días de plazo para algo que no entiendes y en el CSS sólo te dan cita para dentro de dos meses? Entre las familias afectadas crece la sensación de indefensión y de estar ante una maquinaria administrativa que no protege sus derechos sino que los tritura. Todas las entidades y colectivos de intervención social saben perfectamente que esa es la situación.

En consecuencia, exigimos a la Comunidad de Madrid el fin de estas arbitrariedades, que proteja el derecho a la RMI, que difunda la existencia de ese derecho y ponga servicios de apoyo a las personas solicitantes, que facilite la labor de los Centros de Servicios Sociales en vez de ahogarles, que mejore la normativa atendiendo a las propuestas razonables que se la han hecho desde la sociedad. Exigimimos al Gobierno de España que cancele toda limitación a la contratación de trabajadoras y trabajadores sociales, servicio esencial en una sociedad tan desigual como la actual. Y pedimos a las y los aldaldes(as) de los municipios de la región que tomen cartas en el asunto, que no se resignen al derrumbe de los servicios sociales, que protejan y escuchen a sus vecinas y vecinos y que no permitan que desde la Comunidad de Madrid se desprecie e ignore a las trabajadoras sociales. Si callan, otorgan.

RMI TU DERECHO
rmituderecho@gmail.com

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