Por decimoquinto año, la Facultad de Ciencias de la Documentación acogió el pasado lunes 11 de Diciembre, una mesa redonda con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año la Mesa se ha dedicado a los derechos emergentes, en concreto cuatro de ellos: el derecho a la renta básica, al agua, al saneamiento y a la paz. Explicó el organizador de la mesa redonda, el profesor Pedro López López, que en 2007 hubo una declaración de derechos humanos emergentes en Monterrey, que aunque no fue una iniciativa directa de la ONU, sí que contó con el respaldo de más de setenta países y de la UNESCO. En esa declaración hay un buen número de derechos, entre ellos los tratados en la mesa y también otros como el de “resistencia a la opresión de orden militar, política, cultural…”.
Paloma Bru, miembro del Observatorio Renta Básica de Ciudadanía de ATTAC Madrid y del Observatorio de Exclusión y los procesos de inclusión en la Comunidad de Madrid, explicó que la renta básica hoy en día puede parecer una utopía, aunque ya fue formulada en su día por personalidades como Thomas Moro o Gandhi, y en realidad se calcula que costaría “mucho menos del porcentaje del PIB que se dedicó a rescatar a la banca en nuestro país”.
De acuerdo con Bru, la renta básica se englobaría en una cuarta generación de derechos humanos, denominados también derechos complejos, entre los que estarían además el derecho a la ciudad, a la formación continua durante toda la vida, la democracia participativa y a un buen morir.
La renta básica tendría que ser un ingreso pagado por el Estado a todos los ciudadanos residentes en ese Estado, y sería compatible con el ingreso obtenido por el trabajo e independiente de la situación de cada individuo. Hay muchas fórmula posibles de aplicación de este derecho, peor en todas ellas se contempla que es “universal, incondicional, suficiente (por encima del umbral de la pobreza), y que garantice la protección, la dignidad, la seguridad y la libertad”.
Ha habido algunos ensayos piloto en países como Namibia e India, y ahora hay otros en Alaska, donde todo los ciudadanos obtienen su parte del beneficio de la explotación del petróleo, Holanda y Finlandia. Lo fundamental para poder aplicarlo, de acuerdo con Bru, sería mejorar “la justicia social, la lucha contra la evasion fiscal, la presión popular y la voluntad política”.
En cuanto al derecho al agua, Celia Fernández Aller, de la ONG ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano, recordó que hoy en día todavía hay 4.000 niños que mueren al día por enfermedades relacionadas con la falta de agua y saneamiento. Considera Fernández Aller que este es un derecho muy relacionado con la dignidad y que implica “la disponiblidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad del agua”.
De acuerdo con ella, el derecho del saneamiento se entiende como un derecho independiente”porque tiene especificidades distintas, y además porque cuando se entiende como el mismo derecho el del saneamiento siempre se deja de lado”. Lo que implica un grave problema, porque hay “2.400 millones de personas sin un saneamiento adecuado, y eso provoca enfermedades que en determinados lugares pueden ser mortales, como la diarrea”.
Jorge Rodríguez, profesor de la UCM y miembro de AEDIDH (Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos), fue el encargado de hablar del derecho a la paz, que según él, “está ya incluido en el preámbulo de la carta de Naciones Unidas de 1945, como uno de los objetivos principales”.
Para el profesor existe una jerarquía de derechos, en la que el principal derecho sería el de la vida, “el requisito fundamental para poder ejercer todos los demás”. Por debajo de ese “derecho supremo” estarían los necesarios para hacerlo efectivo: “alimentación, agua, libertad ambulatoria y el derecho a la paz, que es un derecho que se viola día a día”.
Esa violación se lleva a cabo, incluso aunque “en derecho internacional ya existe el principio a la obligación de arreglo pacífico de las controversias, y en contraposición la prohibición del uso de la fuerza”. Recordó el miembro de AEDIDH que “vivir no es lo mismo que sobrevivir y que la paz no es sólo la ausencia de guerra”, e informó que hay un lobby en la ONU trabajando para que se haga una declaración universal sobre el derecho humano a la paz.
El gasto en protección social en los países de la Unión Europea ha crecido muy levemente desde 2010. Ha pasado de representar el 28,6% del PIB hace siete años al 29% en 2015, según los datos difundidos este viernes por Eurostat. La oficina estadística europea explica que la mayor parte de los ingresos para financiar las prestaciones sociales procedían de las cotizaciones sociales, el 54%, y el resto de la recaudación de los impuestos de cada país.
