Renta Mínima de Inserción 2017: La Comunidad de Madrid suspende, las familias sufren

La iniciativa ciudadana RMI TU DERECHO considera que la evolución de la gestión de la prestación en 2017 ha sido muy negativa y nos aleja más de los objetivos marcados por la Ley de RMI, tras la insuficiente mejora de 2016.
Los datos de que disponemos sobre la gestión de la RMI en 2017 aumentan las preocupaciones que ya hicimos llegar a la Dirección General y a la Consejería competentes en la materia, así como a la propia presidenta de la región, doña Cristina Cifuentes.
– Desde febrero 2017 hubo clara tendencia a la disminución del número de familias perceptoras de RMI: en diciembre 2017 fueron 729 menos que en diciembre 2016 y 1048 menos que en enero 2017.
– Se ha hecho uso abusivo y arbitrario de las suspensiones cautelares del cobro de la prestación, dañando a las familias afectadas: han sido 3525, un 47% más que en 2016, esto es, 1119 suspensiones “preventivas” más.
– Se ha restringido la concesión de RMI: en 2017 se han tomado más resoluciones iniciales que en 2016, pero las resoluciones de concesión han sido 2270 menos. En 2016 éstas fueron el 50% de las resoluciones iniciales, en 2017 un 34%, en su 2º semestre un 28% y en su 4º trimestre un 26%.

RMI TU DERECHO pide a la Consejería de Políticas Sociales y Familia una explicación. ¿Por qué este cambio de rumbo respecto a 2016 si no ha habido cambios normativos? Esperamos que nadie caiga en la tentación de presentar la disminución de las familias perceptoras de RMI como “feliz” consecuencia de una disminución de las necesidades sociales, cuando en la región hay muchas más personas en pobreza severa que beneficiarias de la RMI.

En 2017 se han utilizado prácticas y criterios de gestión más restrictivos y a veces arbitrarios o irregulares, con el implícito objetivo político de limitar el número de prestaciones y el presupuesto ejecutado. Éste aumentó un 32% en 2016 y sólo un 5% en 2017, pero además la nómina de diciembre 2017 ya fue casi 200.000 euros menor a la de un año antes, mientras que la de enero de 2017 había sido casi tres millones de euros superior a la de enero 2016.

Atribuyen a las familias ingresos no computables según el reglamento vigente, como las ayudas de emergencia de familiares y amistades; hacen suspensiones cautelares por “posesión” de propiedades… vendidas hace muchos años, o por tener un ingreso en cuenta… que era la propia RMI del mes; han pedido certificaciones del SEPE a niños de 13 años y han denegado la prestación por abandono de empleo a mujeres que se tuvieron que con sus hijos en un centro de la propia Comunidad de Madrid. Y hay muchos más disparates.

Este delirio restrictivo sería ridículo si tal imprudencia no causase tanto y tanto dolor. Especialmente dañinas están siendo las suspensiones cautelares, que implican quedarse de repente sin unos ingresos de supervivencia y sin que en la notificación, si se recibe, haya información adecuada sobre las causas, por lo que en muchos casos es imposible saber por qué te han quitado salvo que en el Centro de Servicios Sociales puedan aclarártelo. Además, mientras dure la suspensión cautelar también se pierden derechos adicionales, como la financiación pública plena de los medicamentos.

Tanto en éstas como en otras situaciones, denunciamos las dificultades de las familias para obtener información y asesoría para responder adecuadamente y a tiempo a los requerimientos de la Comunidad de Madrid, que descarga esa tarea sobre los Centros de Servicios Sociales municipales (CSS), desbordados porque el Gobierno de España no permite a los ayuntamientos contratar trabajadoras y trabajadores sociales (TTSS). Los servicios gestores de la RMI en la Comunidad de Madrid ignoran con frecuencia las consultas y los informes sociales procedentes de los CSS.
¿A quién preguntas si recibes una carta de la Comunidad de Madrid dando 10 días de plazo para algo que no entiendes y en el CSS sólo te dan cita para dentro de dos meses? Entre las familias afectadas crece la sensación de indefensión y de estar ante una maquinaria administrativa que no protege sus derechos sino que los tritura. Todas las entidades y colectivos de intervención social saben perfectamente que esa es la situación.

En consecuencia, exigimos a la Comunidad de Madrid el fin de estas arbitrariedades, que proteja el derecho a la RMI, que difunda la existencia de ese derecho y ponga servicios de apoyo a las personas solicitantes, que facilite la labor de los Centros de Servicios Sociales en vez de ahogarles, que mejore la normativa atendiendo a las propuestas razonables que se la han hecho desde la sociedad. Exigimimos al Gobierno de España que cancele toda limitación a la contratación de trabajadoras y trabajadores sociales, servicio esencial en una sociedad tan desigual como la actual. Y pedimos a las y los aldaldes(as) de los municipios de la región que tomen cartas en el asunto, que no se resignen al derrumbe de los servicios sociales, que protejan y escuchen a sus vecinas y vecinos y que no permitan que desde la Comunidad de Madrid se desprecie e ignore a las trabajadoras sociales. Si callan, otorgan.

RMI TU DERECHO
rmituderecho@gmail.com

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Madrid, segunda comunidad que más empeora en Servicios Sociales en los dos últimos años

El Informe DEC 2017, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sitúa a la región en el puesto 14 de 17 en el índice DEC, que mide el gasto en servicios sociales y la atención a los diferentes colectivos.

Las personas atendidas por servicios sociales en la región de Madrid viven con una “cobertura de riesgo” por el “desequilibrio entre la cobertura de servicios y prestaciones, la falta de fundamento jurídico y la carencia de planificación pública”. Lo dice el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que lleva años midiendo a través de un índice (DEC) el nivel de desarrollo de estos servicios en todas las comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid solo suma 3,5 puntos de 10 en la escala del índice, una cifra que ha caído tres décimas respecto a 2015. Es la región que más desciende, solo por detrás de Cantabria, que baja cinco puntos pero sobre un índice más elevado (de 5,15 a 4,6). Y se encuentra muy por debajo de la media nacional, situada en los 5,08 puntos.
La región en su conjunto, teniendo en cuenta los servicios prestados por el gobierno de Cristina Cifuentes y por todos los ayuntamientos, gasta 309 euros en servicios sociales por habitante y año frente a los 339 de media en el conjunto de las comunidades. Lo que representa este gasto sobre el PIB regional es tres veces inferior en Madrid (0,94%) que en Extremadura, por ejemplo.

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Informe completo Indice DEC 2017

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Mesa Redonda de Derechos emergentes (Derecho a la Renta Básica, a la Paz, al Agua o al saneamiento)

Por decimoquinto año, la Facultad de Ciencias de la Documentación acogió el pasado lunes 11 de Diciembre, una mesa redonda con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año la Mesa se ha dedicado a los derechos emergentes, en concreto cuatro de ellos: el derecho a la renta básica, al agua, al saneamiento y a la paz. Explicó el organizador de la mesa redonda, el profesor Pedro López López, que en 2007 hubo una declaración de derechos humanos emergentes en Monterrey, que aunque no fue una iniciativa directa de la ONU, sí que contó con el respaldo de más de setenta países y de la UNESCO. En esa declaración hay un buen número de derechos, entre ellos los tratados en la mesa y también otros como el de “resistencia a la opresión de orden militar, política, cultural…”.

Paloma Bru, miembro del Observatorio Renta Básica de Ciudadanía de ATTAC Madrid y del Observatorio de Exclusión y los procesos de inclusión en la Comunidad de Madrid, explicó que la renta básica hoy en día puede parecer una utopía, aunque ya fue formulada en su día por personalidades como Thomas Moro o Gandhi, y en realidad se calcula que costaría “mucho menos del porcentaje del PIB que se dedicó a rescatar a la banca en nuestro país”.

De acuerdo con Bru, la renta básica se englobaría en una cuarta generación de derechos humanos, denominados también derechos complejos, entre los que estarían además el derecho a la ciudad, a la formación continua durante toda la vida, la democracia participativa y a un buen morir.

La renta básica tendría que ser un ingreso pagado por el Estado a todos los ciudadanos residentes en ese Estado, y sería compatible con el ingreso obtenido por el trabajo e independiente de la situación de cada individuo. Hay muchas fórmula posibles de aplicación de este derecho, peor en todas ellas se contempla que es “universal, incondicional, suficiente (por encima del umbral de la pobreza), y que garantice la protección, la dignidad, la seguridad y la libertad”.

Ha habido algunos ensayos piloto en países como Namibia e India, y ahora hay otros en Alaska, donde todo los ciudadanos obtienen su parte del beneficio de la explotación del petróleo, Holanda y Finlandia. Lo fundamental para poder aplicarlo, de acuerdo con Bru, sería mejorar “la justicia social, la lucha contra la evasion fiscal, la presión popular y la voluntad política”.

En cuanto al derecho al agua, Celia Fernández Aller, de la ONG ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano, recordó que hoy en día todavía hay 4.000 niños que mueren al día por enfermedades relacionadas con la falta de agua y saneamiento. Considera Fernández Aller que este es un derecho muy relacionado con la dignidad y que implica “la disponiblidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad del agua”.

De acuerdo con ella, el derecho del saneamiento se entiende como un derecho independiente”porque tiene especificidades distintas, y además porque cuando se entiende como el mismo derecho el del saneamiento siempre se deja de lado”. Lo que implica un grave problema, porque hay “2.400 millones de personas sin un saneamiento adecuado, y eso provoca enfermedades que en determinados lugares pueden ser mortales, como la diarrea”.

Jorge Rodríguez, profesor de la UCM y miembro de AEDIDH (Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos), fue el encargado de hablar del derecho a la paz, que según él, “está ya incluido en el preámbulo de la carta de Naciones Unidas de 1945, como uno de los objetivos principales”.

Para el profesor existe una jerarquía de derechos, en la que el principal derecho sería el de la vida, “el requisito fundamental para poder ejercer todos los demás”. Por debajo de ese “derecho supremo” estarían los necesarios para hacerlo efectivo: “alimentación, agua, libertad ambulatoria y el derecho a la paz, que es un derecho que se viola día a día”.

Esa violación se lleva a cabo, incluso aunque “en derecho internacional ya existe el principio a la obligación de arreglo pacífico de las controversias, y en contraposición la prohibición del uso de la fuerza”. Recordó el miembro de AEDIDH que “vivir no es lo mismo que sobrevivir y que la paz no es sólo la ausencia de guerra”, e informó que hay un lobby en la ONU trabajando para que se haga una declaración universal sobre el derecho humano a la paz.

 

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El gasto social en España, por debajo de la media europea

El gasto en protección social en los países de la Unión Europea ha crecido muy levemente desde 2010. Ha pasado de representar el 28,6% del PIB hace siete años al 29% en 2015, según los datos difundidos este viernes por Eurostat. La oficina estadística europea explica que la mayor parte de los ingresos para financiar las prestaciones sociales procedían de las cotizaciones sociales, el 54%, y el resto de la recaudación de los impuestos de cada país.
La estadística muestra grandes desigualdades entre países. Mientras Francia destina el 34% de su PIB a pensiones, desempleo, prestaciones familiares y para la infancia, exclusión social y dependencia, Rumania o Lituania apenas destinan el 15% del PIB.
España, por su parte, gasta el 24,7%, casi cinco puntos menos que la media europea. Todos los países de nuestro entorno invierten más en protección social. Hasta Portugal y Grecia, que han atravesado profundas crisis, destinan una mayor proporción de su PIB a estos gastos sociales. Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Austria, Italia y Alemania gastan cerca de un tercio de su PIB.

La situación de España no mejora ni al comparar el gasto en protección social per cápita (medido en paridad de poder de compra, que elimina la diferencia de los precios entre países). Según este indicador, España gasta unos 6.300 euros en paridad de poder de compra frente a los 10.800 euros que invierte Francia o los 8.200 de Italia.
Según este criterio, Luxemburgo fue el que más gastó en protección social (15.000 euros), seguido de Noruega y Dinamarca, que gastan casi 12.000 euros.

“Estas disparidades reflejan diferencias en los niveles de vida, pero también muestran la diversidad de sistemas de protección y de estructuras demográficas, económicas, sociales e institucionales de cada Estado”, dice Eurostat.

El estudio también muestra cuáles son las partidas sociales a las que prestan más atención los países. Las pensiones se llevan casi la mitad del gasto social, el 45,2%, según la media de la UE. Le sigue la dependencia, con el 37,3% del gasto. La inversión en infancia asciende al 8,6% del total; el desempleo, el 4,8% y a vivienda y exclusión social los países europeos destinan el 4,1%.
España también prioriza el gasto social para la tercera edad, el 49,8%, por delante de sanidad, cuidados médicos y discapacidad, el 34,5% del total; desempleo (9%); familia e infancia (5,3%) y vivienda y exclusión social (1,4%).

Fuente: El País, Madrid, 8/12/2017

 

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LA INCLUSIÓN COMIENZA EN TU MIRADA

Cartel SC OEISM 2017

Este año traemos una novedad a la Semana de la Ciencia.

Acercamos a la Facultad de Trabajo Social, la exposición creada por la Asociación de Acción Social Libélula, con la participación de las personas del Centro Al Abrigo. Y como lo venimos haciendo desde hace varios años, organizamos una jornada-encuentro entre estudiantes y personas vinculadas a las entidades que forman parte del Observatorio.

Tanto la exposición como la jornada, abordan la temática de los derechos y el trabajo con personas vulnerables y en situación de exclusión social.

La jornada es abierta.

Se puede visitar libremente la exposición.

Invitación expo Mirada A4

 

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RMI TU DERECHO exige la modificación del nuevo modelo de solicitud de Renta Mínima de Inserción

¡La Comunidad de Madrid va a excluir de RMI a las familias sin medios para pagarse un techo!

 

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 6 de julio publicó orden del Consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, con el nuevo modelo de solicitud de Renta Mínima de Inserción, de obligado uso desde el 1 de septiembre.

En los “Datos relativos al alojamiento” desaparecen las opciones Ocupada y Otros hasta ahora presentes. Al rellenar la solicitud de RMI las familias que han recuperado (“ocupado”) provisionalmente pisos vacíos propiedad de bancos, Sareb, especuladores y otras entidades, se verían obligadas a “mentir” o a no dar respuesta, con alto riesgo de rechazo de la solicitud.

Esta decisión es ilegal y arbitraria: la Ley 15/2001 RMI establece criterios de residencia efectiva y continuada en Madrid, y el Reglamento que la desarrolla, en su artículo 11, considera como marco físico adecuado de domicilio de familias solicitantes de RMI, entre otros, a todo “conjunto de dependencias que, ocupando íntegramente un edificio o parte separada del mismo, están destinadas de forma permanente a fines residenciales”, sin que la ley ni el reglamento establezcan condicionantes relativos respecto a situación contractual.

Así, el gobierno de Cristina Cifuentes excluye indirectamente de la RMI, en pleno verano y por medio de una simple “orden”, a las familias en la peor de las situaciones, en un contexto de expansión y cronificación de la pobreza, ilustrado por fuentes “oficiales” como el informe del Banco de España, según el cual el patrimonio medio de la cuarta parte más pobre de los hogares pasó a hacerse negativo (más deudas que activos) tras caer un 110% entre 2011 y 2014, o los datos aportados por la la Fiscalía General del Estado, según los cuales las diligencias previas por usurpación de un bien inmueble se multiplicó por cuatro entre 2007 y 2014.

La carencia de ingresos básicos dificulta que muchas familias normalicen su situación habitacional y las condena a un bucle de ocupaciones, juicios, desalojos, ocupaciones, juicios, desalojos… ante el que las administraciones públicas incumplen su obligación de hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución, “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

El paso irresponsable dado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia confirma la tendencia hacia un trato hostil a las familias a las que se considera “ocupantes”. Así, por ejemplo, en los últimos meses se les está requiriendo, pese a haber declarado su situación, que aporten certificados sobre la titularidad de la propiedad de la vivienda en que residen.

Más aún, la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid excluye del acceso a vivienda pública a todas las familias en ocupación, que, junto a las personas sin techo, son las que más la necesitan. Por su parte, la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) excluye a quienes estén ocupando viviendas propiedad de Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid o EMVS, con algunas excepciones. Estas actitudes son aún más hirientes cuando parte de las familias afectadas lo están a consecuencia de la venta-regalo masiva de vivienda pública a fondos buitre hecha por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid bajo los mandatos de Ignacio González y Ana Botella.

En consecuencia, expresando nuestra solidaridad con los colectivos que defienden el derecho a techo y dando apoyo a la iniciativa legislativa popular “Ley urgente del derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid”, en tanto que iniciativa RMI TU DERECHO reclamamos a la Comunidad de Madrid una rectificación inmediata y que reincorpore a la solicitud de RMI las opciones Ocupando y Otros en el apartado “Datos relativos al alojamiento”.

Igualmente pedimos a los cuatro grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid una intervención urgente sobre este asunto con el fin de alcanzar esa rectificación.

http://rmituderecho.org                               rmituderecho@gmail.com

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EL OBSERVATORIO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID denunciamos que la convocatoria de subvenciones a entidades para el desarrollo de los Proyectos de Integración sigue sin publicarse en el BOCM.

A pesar de la afirmación del Director General de Servicios Sociales e Integración Social de que se convocaría en junio, parece que de nuevo este año se retrasa a después del verano, dejando a las entidades y a las personas sin acceso al derecho a la inserción que regula la Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.

Desde el año 2013 en el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid suprimió la dotación presupuestaria para la financiación de los Proyectos de Integración, solo se convocan los proyectos de inserción sociolaboral cofinanciados por Fondo Social Europeo, que se han ido adaptando a lo que se regula como derecho en el artº 35 de la Ley RMI. Otro problema añadido, aparte de los recortes en la dotación presupuestaria, es que desde 2013 se convocan con una duración anual, perdiéndose el carácter bianual que garantizaba una mayor estabilidad de los proyectos y, en consecuencia, de la atención a las personas en su proceso de inserción y activación.

En diciembre de 2016 se subvencionaron 75 proyectos con un importe de 4.109.508 €, un 43% menos que en 2010, que fue el ejercicio de mayor dotación presupuestaria para financiar las dos convocatorias de proyectos existentes, tanto los proyectos de integración como los de inserción sociolaboral cofinanciados por fondos europeos, cuyo importe ascendió a 7.196.562€, y que permitió que se realizaran 196 proyectos durante el año 2010.

Otro factor perjudicial del pasado año es que al retrasar hasta septiembre la publicación de la convocatoria, resolverse en diciembre y pagarse en febrero de 2017, se modificó el periodo a subvencionar, estableciendo que aunque los proyectos debían iniciarse en 2016, se pueden realizar en 2017, lo que nos plantea interrogantes que no siempre podemos contestar:

¿Qué pasa con las entidades que desarrollan proyectos de continuidad que no interrumpen la atención que prestan a las personas que participan en ellos? Las entidades bajo estas circunstancias, tanto en 2016 como en el presente ejercicio 2017,  han de   soportar la carga de adelantar el dinero para que estos proyectos continúen en funcionamiento sin tener noticias de la convocatorias, soportando una situación de asfixia económica que las pone en riesgo de desaparecer y, con ellas, el indispensable trabajo de acompañamiento personalizado que se realiza con las personas con un mayor grado de exclusión y necesidad.

Pese a las declaraciones públicas del Director General de Servicios Sociales e Integración Social, que ha justificado el retraso de 2016 en factores coyunturales que se subsanarían para que en 2017 la convocatoria estuviera publicada dentro del primer semestre del año, a día de hoy la situación se repite, poniendo a varias entidades y proyectos en riesgo de desaparecer.

¿Son conscientes los responsables de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de las consecuencias de lo argumentado en este escrito?, o lo que sería aún más grave ¿se pretende hacer una criba para que solamente las grandes entidades que disponen de otras vías de financiación puedan desarrollar proyectos? y de ser así ¿qué modelo de atención e intervención se está priorizando?

En sus declaraciones en la comparecencia en la Asamblea del pasado 22 de mayo el propio Director General de Servicios Sociales e Integración Social reconoció que el objetivo de inserción sociolaboral de la RMI no se está cumpliendo”. Nos preguntamos cómo quiere que se cumpla el objetivo de inserción si la Comunidad de Madrid no pone los medios y recursos que la propia Ley establece para que los procesos de inserción se lleven a cabo.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene la capacidad y la responsabilidad de revertir esta situación, asumiendo la competencia  que la Ley RMI les otorga y no trasladando la misma a las entidades sociales o a las propias personas a las que se les exige su “activación” sin ofrecerles los medios para ello.

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10 años Remando por la Inclusión

El Martes 20 de Junio celebramos nuestro 10º aniversario, ¡Ahí es nada!

Bajo el lema “10 años remando por la Inclusión”, el pasado Martes convocamos a toda la familia del Observatorio, cada vez más grande.

Durante la mañana nos juntamos los diferentes grupos de trabajo del OEISM para elaborar de forma artesana el mar en el que navegamos, “nuestra pequeña gran historia”. Buceando en fotografías, documentos, carteles de actividades, recuerdos, íbamos dando forma a ese mar de vivencias, desde los más veteranos hasta los más jóvenes.

Un vídeo sobre nuestras actividades nos permitió emocionarnos y recordar a mucha gente que ya no está entre nosotros.

En el patio de la Escuela de Relaciones Laborales, bajo el árbol de la palabra que nos acompaña desde que estamos en esta casa tan acogedora, colgamos deseos para el futuro que ya se asoma y que queremos afrontar con toda la fuerza e ilusión posible.

Para terminar la mañana compartimos una comida comunitaria entre charlas y alguna actuación espontánea.

Por la tarde, el encuentro se abrió en un gran círculo a personas cercanas a nosotros y que en estos años nos han acompañado, apoyándonos y animándonos.

Les presentamos nuestra experiencia, a través del video y del trabajo realizado en la mañana y compartimos una gran tarta de cumpleaños.

Un magnífico concierto de Orlis Pineda bajo el árbol de los deseos fue el broche de oro a una estupenda celebración.

Un día muy nuestro y lleno de simbolismo, y sobre todo un enorme impulso para seguir adelante con lo que haga falta.

¡FELICIDADES!!!!

 

 

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VIII Encuentro Ciudadano: Lectura Ciudadana de la Estrategia de Inclusión de la Comunidad de Madrid

El pasado Miércoles 31 de Mayo de 2017, tuvo lugar el VIII Encuentro Ciudadano del Observatorio.

Durante todo el año se ha trabajado, desde las diferentes entidades miembros del observatorio, en talleres participativos para analizar la Estrategia de Inclusión de la Comunidad de Madrid, presentada hace pocos meses. En este proceso, la ciudadanía más afectada por los procesos de vulnerabilidad y exclusión sociales, han detectado aspectos que no estaban recogidos por la estrategia de Inclusión y que afectan de forma directa a sus posibilidades de inclusión y participación social.
Por esto, como los dos años anteriores, hemos convocado un espacio de dialogo con los diferentes partidos políticos de la Asamblea de Madrid, en el que trasladarles esta lectura Ciudadana de la Estrategia. Representantes de Podemos, PSOE, Ciudadanos y PP escucharon respetuosamente la exposición y propuestas sobre vivienda, educación, empleo, garantía de ingresos y salud, haciendo mención a los avances y retrocesos que se están dando en estos diferentes ámbitos.

Un año más este espacio muestra la necesidad de contar con la ciudadanía en el diseño y puesta en marcha de las políticas sociales que más les afectan. En este terreno todavía hay mucho que avanzar y desde el Observatorio vamos a seguir dando pasos en esta dirección.

Más información sobre esta lectura ciudadana:

Documento Lectura Ciudadana estrategia Inclusión

 

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Renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid: problemas y propuestas

La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos incumplen la Constitución

La plataforma RMI: Tu Derecho presenta el documento ‘Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid: problemas y propuestas’, con 43 propuestas para que la RMI pueda hacer realidad los objetivos que proclama la Ley 15/2001

Según el articulo 41 de la Constitución “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.                                                                                                                                                 La Comunidad de Madrid no está cumpliendo la Ley 15/2001, relativa a la Renta Mínima de Inserción. En una región con más de 400.000 personas en pobreza severa y con 1,3 millones en riesgo de exclusión, se están pagando en la actualidad unas 30.500 Rentas Mínimas, con solo unas 100.000 personas beneficiarias.
Los ayuntamientos no aportan el dinero para sustentar este derecho, pero sí son responsables de la gestión de la RMI, que se realiza en los centros de Servicios Sociales. Es su competencia resolver la actual situación de desborde que tiene este servicio público y que afecta a los vecinos y vecinas de sus respectivos municipios. Muchas solicitudes de RMI son archivadas por no cumplirse los plazos de tiempo.                                                         Comunidad de Madrid y ayuntamientos también son responsables de que no se haga efectivo el derecho a recibir apoyos personalizados para la inserción laboral y social, lo que favorece la cronificación en la pobreza: en diciembre de 2016, de las familias que perciben la RMI, un 45% la recibía desde hacía más de tres años, y un 33% desde más de cinco. Somos conscientes de que se ha abierto debate en torno a otras propuestas alternativas a esta Renta Mínima de Inserción, pero nuestra plataforma proclama la necesidad de atender la situación de emergencia social con las leyes existentes, dejando que el debate de tan importante tema transcurra en los tiempos que la ciudadanía y los actores políticos consideren necesario.
En consecuencia, la experiencia con vecinos y vecinas en pobreza o exclusión social de los colectivos que componemos la plataforma RMI: Tu Derecho, nos mueve a presentar el documento “Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid: problemas y propuestas”, con 43 propuestas para que la RMI pueda hacer realidad los objetivos que proclama la Ley 15/2001.                                                                                     Nuestras propuestas se organizan en cinco ejes: que la RMI llegue a quien la necesite, que su gestión deje de ser una carrera de obstáculos, que haya medios para gestionarla, que sea suficiente en cuantía y en beneficios asociados, y que llegue a tiempo, digna y eficazmente. Algunas de ellas requieren cambios legislativos o reglamentarios, y otras reclaman la aplicación de las normas vigentes sin interpretaciones contradictorias con ellas o arbitrarias.
Hacemos llegar estas propuestas a la Consejería de Políticas Sociales y Familia, a los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, y a otros agentes políticos y sociales, a los Gobiernos municipales de nuestra región, a la Defensora del Pueblo, a los medios de comunicación y, claro está, a toda la población de nuestra comunidad autónoma.

Documento-final_Propuestas-Campaña-RMI-tu-derecho

Más información de la campaña RMI tu Derecho: http://rmituderecho.org/

COLECTIVOS INTEGRANTES DE LA INICIATIVA RMI TU DERECHO: Asambleas 15M de Coslada, Hortaleza, Sierra Norte, Las Rozas–Las Matas, Lucero Batán, Tetuán, Villaverde, Barrio del Pilar y Espacio Común. Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM). Foro SERVSOCIAL Madrid. Mesa contra la exclusión y por los derechos sociales de Tetuán. Observatorio de la Exclusión Social y Procesos de Inclusión. Cristianas/os de Base de Madrid. Mesa de Defensa de la Sanidad Pública. Movimiento ATD Cuarto Mundo España. Red de la Carta contra el Hambre de Madrid. Asociación Ventilla-Almenara. Red Solidaridad Popular de Coslada. Red de Solidaridad Popular de Latina-Carabanchel. Coordinadora de Desempleados y Precarios. Asociación de personas sin techo Chupano. Red Invisibles (Villaverde, Hortaleza, Sierra Norte, Coslada, Latina-Carabanchel y Tetuán). Baladre-Zambra.
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