EL OBSERVATORIO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID denunciamos que la convocatoria de subvenciones a entidades para el desarrollo de los Proyectos de Integración sigue sin publicarse en el BOCM.

A pesar de la afirmación del Director General de Servicios Sociales e Integración Social de que se convocaría en junio, parece que de nuevo este año se retrasa a después del verano, dejando a las entidades y a las personas sin acceso al derecho a la inserción que regula la Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.

Desde el año 2013 en el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid suprimió la dotación presupuestaria para la financiación de los Proyectos de Integración, solo se convocan los proyectos de inserción sociolaboral cofinanciados por Fondo Social Europeo, que se han ido adaptando a lo que se regula como derecho en el artº 35 de la Ley RMI. Otro problema añadido, aparte de los recortes en la dotación presupuestaria, es que desde 2013 se convocan con una duración anual, perdiéndose el carácter bianual que garantizaba una mayor estabilidad de los proyectos y, en consecuencia, de la atención a las personas en su proceso de inserción y activación.

En diciembre de 2016 se subvencionaron 75 proyectos con un importe de 4.109.508 €, un 43% menos que en 2010, que fue el ejercicio de mayor dotación presupuestaria para financiar las dos convocatorias de proyectos existentes, tanto los proyectos de integración como los de inserción sociolaboral cofinanciados por fondos europeos, cuyo importe ascendió a 7.196.562€, y que permitió que se realizaran 196 proyectos durante el año 2010.

Otro factor perjudicial del pasado año es que al retrasar hasta septiembre la publicación de la convocatoria, resolverse en diciembre y pagarse en febrero de 2017, se modificó el periodo a subvencionar, estableciendo que aunque los proyectos debían iniciarse en 2016, se pueden realizar en 2017, lo que nos plantea interrogantes que no siempre podemos contestar:

¿Qué pasa con las entidades que desarrollan proyectos de continuidad que no interrumpen la atención que prestan a las personas que participan en ellos? Las entidades bajo estas circunstancias, tanto en 2016 como en el presente ejercicio 2017,  han de   soportar la carga de adelantar el dinero para que estos proyectos continúen en funcionamiento sin tener noticias de la convocatorias, soportando una situación de asfixia económica que las pone en riesgo de desaparecer y, con ellas, el indispensable trabajo de acompañamiento personalizado que se realiza con las personas con un mayor grado de exclusión y necesidad.

Pese a las declaraciones públicas del Director General de Servicios Sociales e Integración Social, que ha justificado el retraso de 2016 en factores coyunturales que se subsanarían para que en 2017 la convocatoria estuviera publicada dentro del primer semestre del año, a día de hoy la situación se repite, poniendo a varias entidades y proyectos en riesgo de desaparecer.

¿Son conscientes los responsables de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de las consecuencias de lo argumentado en este escrito?, o lo que sería aún más grave ¿se pretende hacer una criba para que solamente las grandes entidades que disponen de otras vías de financiación puedan desarrollar proyectos? y de ser así ¿qué modelo de atención e intervención se está priorizando?

En sus declaraciones en la comparecencia en la Asamblea del pasado 22 de mayo el propio Director General de Servicios Sociales e Integración Social reconoció que el objetivo de inserción sociolaboral de la RMI no se está cumpliendo”. Nos preguntamos cómo quiere que se cumpla el objetivo de inserción si la Comunidad de Madrid no pone los medios y recursos que la propia Ley establece para que los procesos de inserción se lleven a cabo.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene la capacidad y la responsabilidad de revertir esta situación, asumiendo la competencia  que la Ley RMI les otorga y no trasladando la misma a las entidades sociales o a las propias personas a las que se les exige su “activación” sin ofrecerles los medios para ello.

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